La paridad no es un favor, es un derecho que exige recursos, voluntad política y transparencia
¿Sabías que los partidos políticos están obligados por ley a destinar parte de sus recursos públicos a promover la participación política de las mujeres y la igualdad de género?
Este mes de julio, el Instituto Nacional Electoral dió a conocer los informes sobre el uso de prerrogativas que reciben los partidos políticos en México, el resultado fue una llamada de atención contundente: el PAN, PT y algunos partidos locales podrían ser sancionados por no destinar el porcentaje mínimo de recursos a planes de trabajo sobre género, tal como lo establece la ley.
Desde 2008, la normativa electoral obliga a los partidos a invertir al menos el 3% de su financiamiento público ordinario en actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Este porcentaje es un piso legal, lo que significa que los partidos pueden —y deben— destinar más según sus posibilidades, pero nunca menos. La Ley General de Partidos Políticos y la normativa electoral lo establecen con claridad, además de requerir que los informes trimestrales sobre ese gasto sean detallados y transparentes .
En términos concretos: si un partido recibe, por ejemplo, $100 millones de financiamiento público ordinario al año, al menos $3 millones deben ir a fortalecer los liderazgos de mujeres. Si se comprueba que no lo hizo, el INE puede aplicar sanciones que incluyen desde reducciones en futuras ministraciones hasta, en casos graves, la cancelación de registro .
Pero ¿qué sucede en la práctica? simulación, subejercicios y justificaciones vagas. Se ha documentado que en muchos casos estos recursos destinados a la formación de mujeres y promoción de la perspectiva de género se van en talleres sin seguimiento, actividades sin impacto o, peor aún, se reportan sin haberse realizado realmente.
Y aquí viene una contradicción que no podemos dejar pasar: durante años, una de las principales críticas hacia las mujeres que acceden a cargos de elección popular ha sido la supuesta falta de formación o experiencia. Se cuestiona su trayectoria, su preparación, incluso su derecho a estar en la política.
¿Cómo pretendemos tener liderazgos de mujeres sólidos si los propios partidos no cumplen con su obligación de formar, capacitar y fortalecer a sus cuadros de mujeres?
¿Cómo pretendemos cambiar la narrativa sobre la falta de experiencia política de las mujeres que acceden a puestos de representación, si las miasmas élites que deciden las candidaturas, no promueven la formación de sus liderazgos?
No basta con poner mujeres en las boletas. La paridad no es solo una cuestión de números, sino de condiciones reales. Es necesario que las mujeres lleguen con herramientas, con conocimiento, con redes de apoyo, y eso no ocurre por casualidad: ocurre cuando hay voluntad política y cuando los recursos públicos se utilizan para lo que fueron destinados.
La participación política de las mujeres no puede seguir siendo simbólica ni improvisada. Se debe exigir que cada peso asignado a la formación de mujeres en política sea usado con transparencia, impacto y compromiso.
Hoy es importante cuestionar no solo si los partidos cumplen el requisito numérico, sino también si la calidad del gasto realmente se traduce en formación, fortalecimiento y oportunidades reales para las mujeres.
