En Guerrero, donde la violencia contra las mujeres sigue marcando la vida cotidiana, el Congreso acaba de pedir a la Fiscalía General del Estado que implemente dos herramientas: una línea de atención directa y una aplicación móvil pensada para mujeres que estén viviendo violencia o que teman por su seguridad.
La pregunta que surge de inmediato es simple, pero incómoda: ¿confiarías en una app del gobierno para pedir ayuda?
La propuesta fue presentada por la diputada Ana Lilia Botello, quien insiste en que estos mecanismos deben funcionar de manera coordinada con la Secretaría de la Mujer y con los municipios. La idea es que, detrás de esa llamada o ese botón de auxilio, haya personas realmente capacitadas para atender violencia de género: no solo desde el protocolo, sino desde la empatía, la urgencia y la responsabilidad. Porque de nada sirve una app si al otro lado no hay quien responda.
Entre los puntos planteados está la creación de un equipo policial especializado en género que pueda llegar directamente a donde esté la víctima, así como el fortalecimiento de la Línea 079 y la capacitación del personal ministerial, médico y psicológico para evitar la revictimización.
Sobre el papel, suena a un avance. En la práctica, falta ver si estas instituciones —históricamente rebasadas— pueden cumplir con la promesa de una atención efectiva, rápida y respetuosa.
La diputada señala que esta iniciativa busca responder a una realidad que no da tregua: feminicidios, violencia familiar, omisiones institucionales y la persistencia del agravio comparado. Para muchas mujeres, pedir ayuda sigue siendo un riesgo más que una garantía.
Por eso, la discusión de fondo no es solo tecnológica. Es política.
Una app puede ser útil, sí. Pero solo si el Estado deja de ser un muro y se convierte en un puente.
Así que volvemos al punto de partida:
¿Usarías una app para pedir auxilio en Guerrero?
La respuesta depende menos del teléfono y más de la confianza. Y la confianza, hoy, sigue siendo el recurso más escaso.
