En Estados Unidos, un sector del movimiento conservador ha comenzado a impulsar una de las propuestas más polémicas de los últimos años: restringir o incluso eliminar el derecho al voto de las mujeres. Aunque la iniciativa no representa una posición oficial del Partido Republicano ni cuenta con respaldo legislativo mayoritario, la idea ha ganado visibilidad en redes sociales, podcasts y foros vinculados a la denominada Nueva Derecha o New Right.
Bajo consignas como el «voto por hogar» (household voting), algunos de sus promotores sostienen que únicamente el jefe de familia —generalmente concebido como el hombre— debería emitir el sufragio en representación del núcleo familiar, retomando modelos políticos previos al sufragio de las mujeres reconocido en Estados Unidos en 1920 mediante la Decimonovena Enmienda.
Los argumentos de este sector parten de una visión profundamente conservadora sobre la familia, los roles de género y el Estado. Figuras cercanas al nacionalismo cristiano y al movimiento conocido como pronatalista afirman que el voto femenino habría favorecido el crecimiento del Estado de bienestar, el avance de los derechos reproductivos y la consolidación de políticas progresistas.
Aunque estas posturas permanecen en los márgenes del debate institucional, especialistas advierten que forman parte de una estrategia más amplia para cuestionar derechos que durante décadas parecían consolidados. La discusión no se limita al sufragio: se inserta en una ofensiva ideológica que también ha buscado restringir el acceso al aborto, limitar los derechos de las personas LGBTQ+ y reducir las políticas de igualdad de género.
Este fenómeno ocurre en un contexto de fortalecimiento de fuerzas políticas de derecha y ultraderecha en distintas regiones del mundo, incluida América Latina. Gobiernos y liderazgos como los de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador —con una agenda de seguridad que concentra un amplio poder político— y el crecimiento electoral de movimientos conservadores en Chile, Brasil, Colombia y otros países han colocado nuevamente en el centro del debate discursos que cuestionan las políticas de género, la educación sexual, el feminismo y diversos mecanismos de protección de derechos humanos.
Aunque cada caso responde a realidades nacionales distintas, analistas coinciden en que existe una narrativa compartida que presenta las agendas de igualdad como parte de una supuesta amenaza contra los valores tradicionales.
El contraste con México resulta significativo. Mientras en algunos sectores estadounidenses se debate la posibilidad de restringir derechos políticos conquistados hace más de un siglo, el país experimenta uno de los momentos de mayor participación política de las mujeres en su historia.
La paridad de género ya es un principio constitucional, las mujeres ocupan cargos de elección popular en todos los niveles de gobierno y, por primera vez, México es gobernado por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum. Si bien persisten desafíos como la violencia política en razón de género, las brechas de representación y la desigualdad en el ejercicio del poder, la tendencia institucional apunta hacia la ampliación de los derechos políticos de las mujeres, en abierto contraste con los discursos regresivos que hoy resurgen en algunos sectores de la derecha internacional.
