Aunque el Congreso asegura que la reforma fortalece la paridad, organizaciones feministas advierten que algunas de sus disposiciones podrían representar un avance insuficiente para garantizar el acceso de las mujeres al poder municipal.
Chilpancingo, Guerrero. A poco más de un año del inicio del proceso electoral de 2027, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que incorpora nuevos criterios en materia de paridad de género, representación indígena y afromexicana, así como las reformas constitucionales relacionadas con la no reelección. La modificación fue presentada como un paso para fortalecer la democracia paritaria; sin embargo, también abrió un debate sobre si las medidas aprobadas son suficientes para cerrar la histórica brecha de participación política de las mujeres.
Uno de los cambios más relevantes consiste en establecer una acción afirmativa para que determinados municipios donde nunca ha gobernado una mujer postulen exclusivamente candidaturas femeninas a la presidencia municipal. La intención es corregir una desigualdad persistente: durante décadas, decenas de municipios guerrerenses han permanecido sin una sola alcaldesa electa.
No obstante, el diseño aprobado por el Congreso prevé una implementación gradual. La obligación de postular únicamente mujeres no aplicará de manera simultánea en todos esos municipios, sino que se distribuirá en distintos procesos electorales, comenzando en 2027 y extendiéndose hasta 2033.
¿Qué significa esto para las aspirantes de 2027?
En términos prácticos, la reforma crea nuevas oportunidades para que mujeres encabecen candidaturas en municipios históricamente gobernados por hombres. Sin embargo, el beneficio será limitado en el primer proceso electoral, pues sólo un grupo de municipios quedará sujeto a esta medida.
Esto implica que, en la mayoría de los ayuntamientos, la definición de las candidaturas seguirá dependiendo de las decisiones internas de los partidos políticos, espacios donde históricamente las mujeres han enfrentado obstáculos para acceder a las postulaciones más competitivas.
Para especialistas en derechos políticos de las mujeres, las acciones afirmativas tienen sentido cuando aceleran la igualdad sustantiva; si su aplicación se difiere durante varios procesos electorales, el efecto correctivo pierde fuerza.
La crítica feminista: «la paridad no puede administrarse por etapas»
La reforma provocó una respuesta inmediata de organizaciones feministas y defensoras de los derechos político-electorales de las mujeres.
La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses sostuvo que el Congreso desaprovechó la oportunidad de garantizar una medida afirmativa más amplia y cuestionó que la obligación de postular mujeres se aplique únicamente en un número reducido de municipios durante la elección de 2027.
Las activistas señalaron que la igualdad no debe implementarse de forma gradual cuando existe una deuda histórica con la representación política femenina. Desde su perspectiva, la reforma mantiene amplios márgenes de decisión para las dirigencias partidistas y posterga la posibilidad de alcanzar una paridad efectiva en los gobiernos municipales.
Un escenario decisivo rumbo a 2027
La reforma llega en un contexto particularmente relevante para Guerrero. Por primera vez, varias mujeres aparecen entre los perfiles con mayores posibilidades de competir por la gubernatura y por un número importante de presidencias municipales.
Sin embargo, especialistas en participación política advierten que la existencia de reglas de paridad no garantiza, por sí misma, condiciones de competencia equitativas. Persisten desafíos relacionados con la violencia política en razón de género, el control partidista sobre las candidaturas, el acceso desigual al financiamiento, la distribución de los municipios considerados «competitivos» y las resistencias culturales que todavía enfrentan las mujeres en la política local.
Más allá de la ley
La reforma electoral aprobada por el Congreso representa un nuevo capítulo en la construcción de la democracia paritaria en Guerrero, pero también deja abierta una discusión de fondo: ¿las acciones afirmativas aprobadas son suficientes para corregir décadas de exclusión o únicamente administran el cambio de manera gradual?
La respuesta comenzará a construirse en 2027, cuando los partidos definan sus candidaturas y quede claro si las nuevas reglas amplían realmente el acceso de las mujeres a los espacios de decisión o si la igualdad sigue avanzando más lentamente que las demandas de la sociedad.
