En un estado donde el acceso a la salud sexual y reproductiva sigue marcado por brechas territoriales y sociales como Guerrero, la diputada local Claudia Sierra Pérez presentó una iniciativa para reconocer legalmente la violencia contra la libertad reproductiva como una forma específica de violencia de género en Guerrero.
La propuesta plantea reformar la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar una categoría que, aunque ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales, aún permanece difusa en muchas legislaciones locales: las prácticas que limitan o anulan la capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo.
De acuerdo con la iniciativa, esta forma de violencia incluye desde la imposición de métodos anticonceptivos y esterilizaciones sin consentimiento informado, hasta la negativa de servicios de salud reproductiva o las trabas institucionales para acceder a técnicas como la reproducción asistida. No se trata solo de omisiones del Estado, sino también de prácticas sistemáticas dentro de los propios servicios de salud.
El tema no es nuevo. Un informe de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que la violencia reproductiva es una de las formas menos visibles pero más extendidas de violencia de género, particularmente en contextos de pobreza, ruralidad e interseccionalidad étnica.
En México, algunos estados han comenzado a avanzar en esta ruta. Entidades como Oaxaca y Ciudad de México han incorporado en sus marcos legales conceptos vinculados a la violencia obstétrica y a los derechos reproductivos, impulsados en gran medida por sentencias judiciales y la presión de colectivos feministas. Uno de los antecedentes más relevantes a nivel nacional fue el caso de mujeres indígenas esterilizadas sin consentimiento en los años noventa, que evidenció la urgencia de regular estas prácticas.
A nivel internacional, países como Argentina han integrado de manera más robusta el enfoque de autonomía reproductiva dentro de sus leyes de violencia de género, especialmente tras la marea verde y la legalización del aborto, colocando el tema en el centro del debate público.
En Guerrero, la discusión cobra especial relevancia. Según datos de organizaciones civiles, las mujeres indígenas y rurales enfrentan mayores obstáculos para acceder a información, anticonceptivos y servicios de salud materna, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a decisiones médicas no consensuadas o prácticas institucionales restrictivas.
La iniciativa de Sierra Pérez no solo busca nombrar esta violencia, sino también establecer obligaciones concretas para el Estado: capacitar al personal de salud con perspectiva de género, generar protocolos de atención y garantizar mecanismos de denuncia y sanción.
El reconocimiento legal de esta modalidad podría representar un paso clave para visibilizar una problemática históricamente normalizada. Sin embargo, el desafío —como en otros estados— estará en su implementación real, en un sistema de salud que aún arrastra rezagos estructurales y desigualdades profundas.
Por ahora, la propuesta fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde comenzará su ruta legislativa. Su avance o estancamiento será también un indicador del lugar que ocupa la autonomía reproductiva en la agenda política de Guerrero.
