En abril el Gobierno de México anunció la creación de la red nacional de ‘Abogadas de las Mujeres’ y 678 ‘Centros LIBRE’ para atender y prevenir la violencia machista en un país donde cada día matan a un promedio de diez mujeres.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó en una conferencia mañanera desde Palacio Nacional la convocatoria para reclutar a 838 abogadas para “litigar en todas las entidades de la república, y acompañar cualquier necesidad en los estados”.
“En las zonas indígenas privilegiaremos en la revisión de personas que hablen una lengua originaria porque muchas veces las mujeres indígenas no tienen una defensa adecuada por su lengua”, detalló la funcionaria.
Hernández también informó de una inversión inicial de 754.5 millones de pesos para el programa ‘Centro LIBRE para las Mujeres’ en todo el país, donde habrá redes comunitarias, servicios de prevención de violencia, asesoría psicoemocional y asesoría jurídica.
“Son espacios donde se contará con la atención integral para las mujeres, tanto para promover sus derechos como impulsar las diversas autonomías, pero también para prevenir y atender las violencias”, describió.
Los hoyos en la red
De entrada, la estrategia parece prometedora: acerca el acceso a la justicia a comunidades donde muchas veces ni siquiera hay Ministerio Público, traduce el lenguaje jurídico a uno comprensible para las mujeres y coloca a profesionales con sensibilidad en violencia de género en un espacio que ha sido históricamente masculino y revictimizante.
Para que su aplicación sea efectiva, el programa deberá contar con un presupuesto robusto, una organización que evite la sobrecarga laboral y elimina las condiciones de riesgo para estas defensoras pues es un hecho conocido que las defensoras que se enfrentan a las prácticas patriarcales más arraigadas también enfrentan diversas formas de intimidación y escasa protección institucional.
Otro de los grandes retos de éste programa es que la efectividad de la defensa jurídica de las mujeres depende del engranaje judicial, luego entonces vale la pena preguntarnos ¿de qué sirve que una mujer reciba acompañamiento jurídico si al llegar a la agencia del MP es ignorada, revictimizada o incluso culpabilizada? La estrategia, si bien valiosa, si no se atienden aspectos como éstos, no será más que un paliativo dentro de un sistema judicial que sigue sin reformarse desde una raíz profundamente patriarcal.
Centros libres pero ¿limitados?
Los “Centros LIBRE” han sido concebidos como espacios comunitarios donde las mujeres pueden acudir para recibir atención psicológica, asesoría legal, talleres y actividades de empoderamiento. La iniciativa no es nueva, existen espacios de este tipo auspiciados por gobiernos locales en distintas entidades y funcionan como puntos de prevención y contención ante situaciones de violencia.
Citlali Hernández propone la instalación de estos espacios en colonias populares y municipios con altos índices de feminicidios, lo que resulta significativo para llevar la prevención y la atención de la violencia de género al territorio. Sin embargo, estos centros tal como hoy existen, enfrentan problemas de fondo, en algunos casos operan sin personal suficiente ni especializado.
Aunque las intenciones son legítimas, el enfoque de los “Centros LIBRE” corre el riesgo de caer en una lógica asistencialista más que transformadora si se convierten en espacios donde las mujeres reciben ayuda momentánea, pero no herramientas para salir del círculo de violencia o acceder a procesos de autonomía económica y política.
Si bien se promueve el carácter «libre» y seguro de éstos espacios, no existe hasta el momento un protocolo claro de actuación ante agresores o situaciones de emergencia.
¿Qué pasa si una mujer llega huyendo de un agresor en tiempo real?, ¿qué red institucional puede activarse desde ahí? existen testimonios indican que los centros que hasta hoy existen no están plenamente articulados con instancias como la Fiscalía, los Centros de Justicia para las Mujeres o las casas de emergencia. Es decir, la respuesta sigue fragmentada.
El reto de fondo es construir una política pública que deje de atender la violencia de manera reactiva y pase a prevenirla de manera integral. Eso implica educación con perspectiva de género desde las infancias, transformación de los cuerpos policiales, judiciales y ministeriales, así como un verdadero compromiso con la autonomía económica, emocional y política de las mujeres.
Mientras tanto, los avances como los que impulsa la Secretaría de la Mujer deben ser reconocidos, sí, pero también cuestionados, evaluados y exigidos. Porque en Guerrero, como en todo el país, lo que está en juego no es solo la eficacia de una estrategia institucional, sino la vida misma de miles de mujeres.
