La menstruación, aún hoy en pleno siglo XXI, continúa siendo un tema rodeado de estigmas, tabúes y desigualdades. En México, miles de niñas, adolescentes y mujeres en situación de pobreza enfrentan cada mes una realidad silenciosa: la falta de acceso a productos de higiene menstrual. Esta carencia no solo representa un problema de salud pública, sino una barrera para el ejercicio pleno de derechos como la educación, el trabajo y la participación social.
Durante décadas, la menstruación fue tratada como un asunto privado, invisible en las agendas políticas. Sin embargo, en los últimos años, la exigencia por una menstruación digna ha ganado fuerza gracias a los movimientos feministas y colectivos sociales que han puesto sobre la mesa una verdad incómoda: la pobreza menstrual existe y tiene consecuencias devastadoras para millones de mujeres.
En México, la Encuesta Nacional sobre Salud y Nutrición (ENSANUT) y distintos informes de organizaciones civiles han documentado que muchas niñas faltan a la escuela por no contar con toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. Otras recurren a métodos poco higiénicos, como el uso de papel periódico o trapos, exponiéndose a infecciones. Este fenómeno se acentúa en comunidades rurales, indígenas y marginadas, donde además del costo de los productos, existe desinformación, vergüenza y carencia de infraestructura adecuada para su gestión.
Frente a esta realidad, algunos estados de la República han comenzado a legislar para garantizar el derecho a la menstruación digna como parte integral del derecho a la salud, la educación y la igualdad. En 2021, Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en distribuir productos menstruales gratuitos en escuelas públicas. Desde entonces, otras entidades como Michoacán, Hidalgo y Veracruz han seguido el mismo camino. Ahora, se suma el estado de Guerrero.
Guerrero da un paso histórico
El pasado 11 de junio, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó una reforma que garantiza el derecho a la menstruación digna. Con 30 votos a favor, las y los legisladores modificaron la Ley de Educación estatal para establecer la obligación de las autoridades educativas de proveer de manera gratuita productos de higiene menstrual en planteles públicos de nivel básico y medio superior.
La iniciativa, promovida por diputadas de la LXIII Legislatura reconoce que la menstruación no debe ser un motivo de exclusión ni un factor de desigualdad. La reforma también contempla la implementación de campañas de sensibilización para combatir los estigmas y promover una educación sexual integral con enfoque de género.
Este avance cobra especial relevancia en Guerrero, una entidad con altos índices de pobreza y marginación, donde el acceso a productos menstruales representa un gasto inasumible para muchas familias. De acuerdo con cifras del Coneval, más del 60% de la población guerrerense vive en condiciones de pobreza, y en muchas comunidades rurales y de la Montaña, la menstruación continúa siendo un tema silenciado, cubierto de mitos y vergüenza.
Más allá del acceso: una transformación cultural
Si bien la distribución gratuita de insumos menstruales representa un paso fundamental, los especialistas en salud pública y género advierten que el derecho a la menstruación digna implica un enfoque más amplio. No se trata solo de repartir toallas o tampones, sino de garantizar entornos seguros, educación adecuada, acceso al agua, baños higiénicos y sobre todo, la desestigmatización del ciclo menstrual.
En este sentido, la reforma guerrerense abre la puerta para transformar la manera en que el Estado aborda la menstruación: ya no como un asunto privado o de “higiene personal”, sino como un tema de justicia social. Se trata de reconocer que no puede haber igualdad de género si cada mes millones de niñas y mujeres se ven obligadas a quedarse en casa, improvisar soluciones insalubres o sentir vergüenza por un proceso natural de sus cuerpos.
Con esta reforma, Guerrero se alinea a una creciente ola de políticas públicas que colocan la dignidad menstrual en el centro del debate social. El desafío, ahora, será implementar de manera efectiva esta medida, asegurar el presupuesto correspondiente y hacer que este derecho no quede en el papel, sino que se traduzca en una mejora real en la vida de miles de niñas y mujeres guerrerenses.
