El Congreso de Guerrero aprobó reformas a la Ley 1212 de Salud del Estado para reconocer la salud menstrual como un servicio básico y una obligación del Estado. Con esta modificación legal, la gestión menstrual —higiene, información y educación— queda incorporada formalmente dentro de los servicios que el sistema de salud debe garantizar.
Durante la discusión, la diputada Guadalupe Eguiluz Bautista señaló que la reforma busca dejar atrás la visión que ha tratado la menstruación como un tema privado, cuando se trata de un proceso biológico con impactos directos en la salud pública, la dignidad y la desigualdad de género.
El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la diputada suplente Deyanira Uribe Cuevas y fue analizado por la Comisión de Salud. La reforma incorpora la gestión menstrual en los principios del Sistema Estatal de Salud, así como en los servicios básicos y las acciones de promoción de la salud.
A nivel nacional, la discusión sobre pobreza menstrual ha cobrado fuerza en los últimos años. Aunque algunas entidades han impulsado programas de distribución de productos menstruales o medidas fiscales, la mayoría de las acciones carecen de respaldo legal y presupuesto suficiente. En ese contexto, el reconocimiento en la ley representa un avance, aunque insuficiente sin políticas públicas claras.
La falta de acceso a productos e información sobre higiene menstrual afecta especialmente a niñas, adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad y mujeres privadas de la libertad, profundizando desigualdades y riesgos a la salud. El reto ahora será que la reforma no se quede en el papel y se traduzca en acciones concretas.
Con esta aprobación, Guerrero se suma a la tendencia nacional que comienza a reconocer la menstruación como un asunto público y de derechos, aunque su impacto dependerá de la implementación y los recursos que el Estado esté dispuesto a destinar.
